El peor abuso del poder

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2005 Diciembre

Los delitos sexuales son abusos que conmocionan y traumatizan a las víctimas y que socavan la situación de la mujer en sociedad, su moral, su psiquis. Además, son delitos que condicionan su futuro. Todas esas características hacen que tales aberrantes actos, muchas veces, se sufran en silencio.

Las víctimas de una violación suelen enfrentarse con obstáculos insuperables en la aspiración de que sus agresores comparezcan ante la Justicia. Muchas mujeres que han sufrido violación u otras formas de abuso sexual se sienten demasiado intimidadas como para intentar conseguir una reparación.

Si aun así se lanzan a la búsqueda de tal reparación, se encuentran con frecuencia con la hostilidad de la familia, la comunidad y la policía y sin ninguna esperanza de éxito. Quienes, aun frente a esa dramática perspectiva, buscan justicia, se enfrentan con un sistema que no le da la debida dimensión a su sufrimiento ni castiga con ejemplaridad.

Los ataques contra la libertad sexual de la persona, por sus consecuencias sobre la víctima y su grupo familiar, así como por sus implicancias para la sociedad toda, se encuentran entre los delitos más abominables y condenables y, como tales, son aquellos sobre los que debería caer con toda su fuerza el peso de la ley.

La legislación ha recogido de la experiencia internacional lecciones valiosas para enfrentar el delito sexual, y una de ellas es que los reincidentes se presentan en proporciones mucho más elevadas que las verificadas en otro tipo de infracciones a la ley penal. Sin embargo, en nuestro país la legislación vigente no resulta suficiente para cumplir plenamente las funciones preventivas y reparatorias de la ley penal, requisitos indispensables para que una norma de esta característica cumpla sus funciones. Y por otro lado, no se tienen en cuenta las características peculiares de los victimarios.

La denominada ley Megan, que en realidad es el resultado de un paquete o plexo normativo, surgió en Estados Unidos como una política para llevar adelante la prevención e investigación de este tipo de crímenes.

Se desarrolla un esquema en el que participan víctimas, policía, oficiales de probation y, principalmente, la comunidad, que se organiza para evitar que los autores de estos hechos reincidan y para lograr que los delitos se esclarezcan. En conclusión: por justicia, anteponiendo así el interés de la comunidad al interés meramente individual.

La base primordial de tal iniciativa está en la creación de un registro público de violadores que permita identificar a las personas que han incurrido en tales delitos, no para estigmatizarlas ni para dejar de proporcionarles la oportunidad de redención o reinserción, sino para que, dadas las condiciones de reincidencia reiterada y habitual que presentan estos crímenes, la sociedad pueda estar alerta y atenta para no ser una víctima despreocupada y desprotegida por el Estado.

Lo que se busca es proteger a la sociedad, autorizando a liberar los datos de condenados por delitos sexuales que residan en un vecindario, municipio o localidad determinada.

No puede soslayarse la colisión de derechos que pueden argüirse en contra de tal normativa, dado que el derecho a la intimidad de quien purgó una condena por violación y se lo considera apto para reinsertarse en la sociedad puede verse menoscabado por la difusión de los hechos que determinaron esa condena cumplida.

Sin embargo, menos aún puede ignorarse que ante la colisión de derechos siempre debe imponerse el bien jurídico tutelado de orden superior y, en el caso particular, nadie puede desentenderse de la realidad tangible: existe un grave incremento de los delitos sexuales y sus consecuencias son difícilmente comparables con el resto de los tipos previstos por el Código Penal. Por lo tanto, cualquier medida que se tome para salvaguardar la integridad de las potenciales víctimas es siempre poca cosa.

El crimen sexual comprende una forma específica del no respeto de los derechos humanos de mujeres, niños y niñas. Los hechos que se suceden recurrentemente en todo el país deberían generar consecuencias de tipo legislativo, que otorguen armas a los ciudadanos para proveerlos de medidas de prevención, ante la insuficiencia del Estado para resolver estas cuestiones por las características del delito. Todo ello debe hacerse a partir de la construcción de un nuevo paradigma, para que a partir de aquí la vida de miles de mujeres, niñas y niños no tengan que pasar más por la negación de su dignidad.

El Estado se encuentra obligado a mirar de frente realidades que nos duelen y a ofrecer vías de alivio para la humillación más cruel e infame de los abusos del poder: el crimen sexual.

NOSOTROS

Presidente del Centro de Estudios para la Convergencia Ciudadana. Una asociación civil, integrada por un equipo multidisciplinario de profesionales idóneos de vasta y reconocida experiencia en las áreas y temáticas descriptas en su objeto estatutario, aprobada para su funcionamiento, por resolución de la Inspección General de Justicia N° 1506 del 24 de noviembre del 2003.

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