Frente a la inseguridad, pragmatismo y política

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2012 Marzo 

Para abordar la complejidad de los problemas de la seguridad, un funcionario comprometido debe recurrir tanto al enfoque académico como político, sin desperdiciar tiempo en estériles debates sobre planteos ideológicos o posiciones teóricas.

Erradicar la inseguridad arraigada en la sociedad argentina demanda un enérgico combate en todos los frentes, evitando caer en discusiones interminables impulsadas por quienes viven en la ilusión de alcanzar la perfección tratando de imponer alguna teoría inculcada en los claustros sobre la contraria, sin el más mínimo contacto con el mundo real.

En salones cubiertos de boiserie, se pontifica la no intervención del derecho penal como corrector de conductas delictivas, lo que representa prácticamente un abolicionismo. Y, lamentablemente, contamos con un Poder Judicial adicto a estos postulados, cuyos integrantes sienten culpa de condenar y, más aún, de hacer cumplir una condena a quien decidió y tuvo claramente la libertad de elegir entre un camino u otro.

La política pública de seguridad, más allá del análisis, exige fundamentalmente un esfuerzo de sentido común y oportunidad, con una dosis mayor de pragmatismo que otros temas de la vida cotidiana. Esta no es una cuestión abstracta que pueda resolverse consultando libros en las bibliotecas ni organizando exposiciones doctrinarias. Hacen falta decisiones rápidas, que tomen funcionarios con nombre y apellido que se hagan responsables de sus consecuencias.

Hace años que los medios de comunicación se han convertido en cajas de resonancia de distintas ideas y proyectos que, más allá de sus fundamentos teóricos o doctrinarios, carecen totalmente de sentido práctico.

En la provincia de Buenos Aires se requieren soluciones urgentes. Ya no podemos esperar más. Estamos viviendo de forma tan precaria que prácticamente nos estamos acostumbrando a agradecer a Dios cada día por seguir vivos. Y esto no se resuelve actuando sobre los índices ni las sensaciones, tampoco reabriendo una vez más la absurda polémica entre mano dura y garantistas.

Es así como los funcionarios judiciales, principalmente, deben estar a la altura de las circunstancias para detener tanta muerte sin sentido en la provincia. No es posible que sigamos discutiendo si la delincuencia debe combatirse desde el derecho penal o la asistencia social, en medio de esta espiral delictiva. Debemos dejar a un lado esta falsa dicotomía entre unos y otros, manoduristas versus abolicionistas, para así todos enfrentar a la delincuencia dejando en claro que el Estado es su enemigo declarado.

Sólo con esta decisión, tomada sin falsas culpas ni miedo político o jurídico, vamos a terminar con la delincuencia, sin concesiones. De lo contrario, la batalla estaría perdida mucho antes de comenzar siquiera, y seguiríamos discutiendo cuál es la mejor teoría a espaldas de nuestros votantes, que reclaman soluciones.

Porque para aquellos que gastan litros y litros de tinta hablando de la necesidad de generar políticas inclusivas y de distribución de la riqueza, resulta loable expresar que nunca, desde el inicio de la democracia en 1983, hasta la fecha, se gestaron y, más aún, se continuaron de manera ininterrumpida políticas universales de seguridad social como desde el año 2003 hasta ahora, y a pesar de ello el delito no sólo no decreció sino que la violencia crece y crece día a día.

Como funcionarios, es necesario que mantengamos coherencia, continuidad y confianza. Coherencia en los planteos, continuidad en las políticas y confianza mutua entre la gente, las fuerzas de seguridad y los jueces. Debemos ponernos del lado del pueblo que nos votó para resolver el dilema de la delincuencia, sus causas y efectos. Nuestra ética de dirigentes políticos define nuestro compromiso real con los ciudadanos. Por eso, cuando caemos en vacíos debates ideológicos en momentos en que la gente exige soluciones, quizás debamos hacer el ejercicio de preguntarnos quiénes queremos que apoyen nuestras ideas: ¿la calle o la academia?

NOSOTROS

Presidente del Centro de Estudios para la Convergencia Ciudadana. Una asociación civil, integrada por un equipo multidisciplinario de profesionales idóneos de vasta y reconocida experiencia en las áreas y temáticas descriptas en su objeto estatutario, aprobada para su funcionamiento, por resolución de la Inspección General de Justicia N° 1506 del 24 de noviembre del 2003.

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