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02.01.18 - REVISTA PENSAMIENTO PENAL

Este trabajo propone una indagación en las diversas estructuras, magnitudes y efectos del narcotráfico con el objetivo de contribuir al mejoramiento de las políticas públicas, a partir de un cambio en el abordaje y tratamiento de esta problemática. El principal planteo es que durante las ú
ltimas décadas se distinguieron con nitidez tres etapas y que, en ninguna de ellas, los programas dirigidos a enfrentar las drogas fueron definidos primordialmente por el interés de resolver este problema, sino que, por el contrario, se subordinaron a distintas urgencias y necesidades de orden geopolítico.

En la línea histórica trazada en el presente estudio se distingue una primera instancia hegemonizada por el prohibicionismo, una segunda etapa caracterizada por su desestructuración, y un último tramo dominado por una creciente tendencia hacia la legalización. Se procura demostrar que, en el primer caso, la estrategia de la política de drogas estuvo subordinada a la Guerra Fría; en el segundo, lo estuvo al interés de la política antiterrorista; y finalmente, hoy corre el riesgo de quedar entrampada por los intereses de los bancos y los grandes laboratorios farmacéuticos.

El carácter multidimensional y multidisciplinario de la problemática aquí tratada obligó a recortar el campo de la investigación, concentrándolo en las principales aristas que presenta la cuestión. No obstante, las conclusiones extraídas del análisis que se ha desarrollado se entiende que podrán servir como “disparadores” para la profundización de nuevas líneas de investigación en la materia.

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31 de mayo - Minuto Uno

Divisas con origen: precisiones sobre la Ley de “exteriorización” y su relación con el Lavado de Activos

 Quien quiera que conozca un poco del tema sabe que ha existido desde siempre una discusión sobre qué sistemas de incriminación debe utilizarse a la hora de definir los delitos (precedentes) del delito de Lavado de activos, es decir, los delitos que dan origen a los bienes a "lavar". En ese contexto la inclusión de los delitos tributarios siempre ha sido problemática.

De hecho no todas las legislaciones lo incluyen como delito previo del delito de lavado de activos a los delitos fiscales. Incluso este ha sido el punto más controvertido de la última reforma a ley 25.246 en tanto instruía a la UIF para la investigación de este delito como delito previo de Lavado de Activos incluyéndolo en su competencia. Basta recordar la discusión de aquel entonces para observar claramente, la disputa que generó la cuestión entre los más prestigiosos juristas del país.

Entre las voces más autorizadas en materia tributaria de la República Argentina, el Profesor Vicente Díaz ha sostenido que incluir a los delitos tributarios como delitos previos constituye un  "evidente exceso" poniendo el acento en que,  a diferencia del dinero sucio (con origen en una actividad ilícita),  el dinero "negro" proviene de una actividad lícita que, luego, devendrá en ilícita cuando el responsable ante el fisco realice una maniobra tendiente a evitar que el Estado cobre lo que efectivamente corresponde en virtud del ejercicio de esa actividad lícita. Pero adicionalmente este dinero negro no está vinculado a delitos organizados transnacionales que es lo que, justamente, organismos como el FATF – GAFI buscan prevenir a través de la promoción de la estandarización de buenas prácticas de "debida diligencia" (soft law). En el mismo sentido se orientan las Convenciones de Viena y Palermo (hard law), de donde surge la obligación de tipificar como delito el lavado delitos, en tanto los delitos que describen como precedentes son delitos trasnacionales.

Esto ya permite poner en evidencia que existen una serie de confusiones acerca del alcance del proyecto de Ley de Exteriorización de Divisas que fuera enviado por la Presidenta de la Nación para su tratamiento por el Congreso Nacional.

En primer lugar, la Argentina no se convertirá en una jurisdicción en la que pueda libremente ingresarse divisas provenientes de cualquier sujeto, pues los únicos sujetos que podrán acceder a este régimen de amnistía serán los sujetos responsables de la ley 11.683 (la ley de procedimiento tributario). En segundo lugar, sólo se limita a los delitos contemplados en la ley penal tributaria, no incluyendo, como es obvio, los delitos vinculados con el ejercicio de la función pública y, claramente, los delitos trasnacionales, que son el objeto central de las recomendaciones FATF – GAFI, a la vez que objeto central de las leyes argentinas sobre prevención del lavado de activos.

Estados soberanos como Estados Unidos y España han dictado normas similares, cuyo propósito se vincula, generalmente, a  generar políticas de reactivación económica en ciertos sectores productivos. Son herramientas normativas legítimas, absolutamente compatibles con las recomendaciones FATF – GAFI en materia de lavado de dinero proveniente de crímenes trasnacionales.

Quienes critican la nueva ley de exteriorización de divisas arguyendo que podría utilizarse para lavar dinero del crimen organizado (narcotráfico, terrorismo, etc.) o de la corrupción y que, en consecuencia, la normativa sería impugnada por violar las recomendaciones FATF – GAFI, critican desde la ignorancia conceptual: no entienden (o no quieren entender) la diferencia entre "dinero negro" y "dinero sucio" con relación a lo que debe ser delito previo del lavado de activos.

http://www.minutouno.com/notas/289119-

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20-11-12 00:00 | EL CRONISTA

      

Un dolor profundo que pone en crisis la existencia misma. Una marca para siempre, con la que hay que aprender a vivir. Historias de vida que se derrumban, objetivos que pierden sentido, familias que se desintegranà todo eso y mucho más es lo que provocan los delitos contra la integridad sexual.

 Por su propia naturaleza, todo crimen resulta jurídica y socialmente reprochable. Pero estos delitos se encuentran entre los más abominables y condenables, por sus graves secuelas sobre la víctima y su entorno.

 Incluso, en este tipo de hechos, la habitualidad es mucho más frecuente y la reincidencia registra porcentajes alarmantemente mayores, en comparación con otros.

 Estudios nacionales e internacionales demuestran que quienes cometen estos crímenes no son, en general, psicóticos ni insanos, ya que comprenden la criminalidad de sus actos, y están en pleno uso de sus facultades mentales en esos momentos. E incluso saben de antemano que estos actos dejan consecuencias imborrables.

 En tanto las víctimas, muchas veces, sufren en silencio. Y, cuando deciden recorrer el camino de la búsqueda de Justicia, frecuentemente chocan con un sistema hostil, que les pone obstáculos casi insalvables a cada paso, al punto de pasar casi dialécticamente de víctima a victimario. En lugar de centrarse en el castigo a su agresor.

 Lamentablemente, algunos magistrados toman posición frente a estos actos aberrantes, protegiendo al abusador, al no darle la debida dimensión al sufrimiento de las víctimas, sus familias y la sociedad. ¿Hasta cuándo?

 Y seguimos sosteniendo un sistema judicial en el que se premia a los delincuentes sexuales con libertades anticipadas, salidas transitorias, reducción de condenas, mientras las víctimas son estigmatizadas. ¿Hasta cuándo?

 Somos pocos aún los que levantamos la voz para exigir que se terminen los atropellos de los jueces que, con sus decisiones, nos muestran que creen estar más cerca de Dios que del mundo terrenal en el que nos encontramos todos. ¿Hasta cuándo?

Mientras tanto, todos somos víctimas del peor abuso de poder, el de los delitos sexuales.

 Paola Spátola Presidenta del Centro de Estudios para la Convergencia Ciudadana

 http://www.cronista.com/opinion/Las-victimas-de-crimenes-sexuales-esperan-justicia-20121120-0054.html

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15 de agosto - Tiempo Argentino

A qué nos referimos cuando hablamos de bullying? Es un término relativamente nuevo para referirse al acoso escolar, y consiste básicamente en cualquier forma de maltrato físico, verbal o psicológico entre estudiantes.

 

El bullying, que también puede definirse como hostigamiento, matoneo o patoteo escolar, se produce cuando un chico agrede o humilla a un compañero, difunde chismes o rumores, lo lastima físicamente o lo ignora a propósito en público.

Esta situación puede producirse de forma personal o a través de celulares e Internet. Esto suele definirse como "cyber-bullying".

En la Argentina, se calcula que el 15% de los niños y adolescentes está vinculado a casos de acoso escolar, ya sea como agresores o como víctimas. Al menos 240 mil niños y adolescentes argentinos son víctimas del bullying. El 17% de ellos suele faltar a la escuela o el colegio para evitar ese maltrato, otro 10% sufre lesiones graves, y 7% ha intentado suicidarse a causa de la persecución permanente.

¿Qué hacer frente a este escenario, en donde sin importar las clases sociales, nuestros hijos podrían ser víctimas o agresores?
Como en casi todos los ejes de la vida, la prevención es la mejor herramienta. En primer lugar, los padres y la sociedad en su conjunto deberían apostar por una educación democrática y no autoritaria, pero con reglas claras y límites justos. Debemos apelar a la sensatez y la responsabilidad de los medios de comunicación para avanzar en la autorregulación de ciertos contenidos. Esta es la prevención primaria, que constituye el primer dique de contención de los abusos escolares.

En segundo lugar, es necesario acordar en la comunidad educativa (estudiantes, padres, educadores, directivos, empleados y profesionales de apoyo) algunas acciones concretas para motivar un cambio de actitud en los adolescentes, a fin de que sientan la obligación de denunciar los casos de acoso escolar, aunque ellos no sean las víctimas. Una parte esencial de esta prevención secundaria es la formación de los docentes en técnicas de prevención y resolución de este tipo de conflictos.

Ante un caso concreto de bullying, debemos hacer uso de los sistemas de mediación escolar como método de resolución pacífica de disputas. En una negociación de este tipo, el objetivo es llegar a buen puerto sin que haya ganadores y perdedores. Las partes involucradas deben entender que siempre pueden surgir nuevos conflictos, pero también deben saber que en el futuro estarán mejor preparados para manejarlos, incluso sin la presencia de un mediador.

Por último, cuando se produce una situación de maltrato o abuso en el ámbito escolar, es necesario actuar de inmediato y con firmeza. Para ello, sería útil que la escuela o el colegio de tus hijos contara con un plan de acción acordado de antemano, que involucre a la comunidad educativa y a las familias de todos los alumnos, con el apoyo de especialistas como trabajadores sociales y psicólogos.

Este plan debería estar orientado a desarrollar mecanismos de ayuda para todos los afectados (la víctima, el atacante, los testigos, y sus respectivos entornos familiares), sin discriminación de ningún tipo, apenas surjan situaciones de acoso escolar.

Para finalizar, nuestros hijos necesitan saber que, si sufren alguna forma de acoso, nosotros como padres los apoyaremos y sus maestros los entenderán y defenderán. Los chicos necesitan saber que, pase lo que pase, un adulto de confianza saldrá en su auxilio. Decile a tus hijos que te cuenten de inmediato si alguien los maltrata o molesta, o si están agrediendo a un compañero.

- Pediles que te cuenten lo que vieron si son testigos del bullying.

- Podemos prevenir estas conductas a través de la educación y la difusión.

- ¡No te calles! Denunciá los casos aunque no seas la víctima.

- Exigí hacer uso de la mediación escolar para resolver el problema.

- Preparate mejor para manejar cualquier conflicto en el futuro.

Todos podemos hacer algo para detener esto. Lo más importante es que no nos quedemos en silencio. ¡Entre todos podemos hacer la diferencia y ponerle un alto al bullying!

NOSOTROS

Presidente del Centro de Estudios para la Convergencia Ciudadana. Una asociación civil, integrada por un equipo multidisciplinario de profesionales idóneos de vasta y reconocida experiencia en las áreas y temáticas descriptas en su objeto estatutario, aprobada para su funcionamiento, por resolución de la Inspección General de Justicia N° 1506 del 24 de noviembre del 2003.

paolaspatola@gmail.com

4382 7538

Talcahuano 291
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